La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

Entre las medidas reguladas por la LOPD para garantizar esta protección, figuran los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de cualquier persona física, dirigidos a conocer qué datos tiene el responsable del fichero o tratamiento sobre su persona (acceso); a rectificar y/o cancelar los datos cuando dichos datos sean erróneos o incompletos (rectificación y cancelación); así como a oponerse al tratamiento de los datos que le conciernan (oposición), siempre que existan motivos fundados para ello.

Características comunes a estos derechos es que son personalísimos y, por tanto, sólo pueden ser ejercidos por el afectado o su representante legal, en casos de minoría de edad o incapacidad; son derechos independientes lo que significa que el ejercicio de cualquiera de ellos no debe ser requisito previo para el ejercicio de otro derecho; su ejercicio no conlleva ningún coste para el afectado por ser gratuitos; y, por último, dicho ejercicio deberá llevarse a cabo mediante solicitud escrita ante el responsable del fichero o tratamiento por cualquier medio que permita acreditar al afectado tanto el envío como su recepción por la empresa.

A través del derecho de acceso el interesado tiene derecho a obtener y solicitar información sobre sus datos personales, el origen de dichos datos, así como las cesiones realizadas o que el responsable del fichero prevé llevar a cabo de los mismos.

En el caso de que los datos personales sean inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos, el afectado podrá solicitar al responsable del fichero o tratamiento la rectificación o, en su caso, la cancelación de dichos datos.

La solicitud de rectificación deberá acompañar el dato que es erróneo y la corrección que debe realizarse junto con la documentación justificativa de la rectificación solicitada, salvo que la misma dependa exclusivamente del consentimiento del afectado.

La cancelación de datos equivale al bloqueo de los datos por el responsable del tratamiento conservándolos, únicamente, para mantenerlos a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, con el fin de atender posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Finalizado dicho plazo los datos deberán ser suprimidos y borrados físicamente por el responsable del tratamiento.

Mediante el derecho de oposición el afectado puede oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de sus datos. Ello sucede, por ejemplo, en los supuestos de tratamientos de datos del afectado con fines de publicidad y prospección comercial, en cuyo caso, a su simple solicitud, dichos datos serán dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre el afectado figuren en el fichero.

El derecho de acceso sólo podrá ejercitarse a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el afectado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes. El responsable del tratamiento deberá resolver la petición de acceso en el plazo máximo de un mes, a contar de la recepción de la solicitud del afectado.

En cambio, si se trata de un derecho de rectificación y/o cancelación de datos, el plazo de satisfacción por el responsable del tratamiento es de diez días a contar desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud del afectado.

Transcurridos los citados plazos sin que de forma expresa se responda a la petición del afectado, para el ejercicio de su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos de la interposición de la reclamación correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos.

De hecho, uno de los principales problemas que se plantean en la práctica con estos derechos, es la brevedad de los plazos regulados en la LOPD para contestar a las solicitudes realizadas por los afectados. En muchas ocasiones sucede que, si la empresa no conoce la normativa sobre protección de datos y la existencia de estos derechos, una vez recibida las solicitud en el domicilio social del responsable del tratamiento, dicha petición no es debidamente cursada y transcurre el plazo para contestar, provocando ello que el afectado se dirija a la Agencia Española de Protección de Datos, como Órgano encargado de velar por el cumplimiento de los derechos regulados en la LOPD.

Por otra parte, hoy en día es cada vez más conocido el derecho a la protección de datos, así como las peticiones de los afectados para el ejercicio de los derechos que la LOPD les reconoce. Esta circunstancia obliga a las empresas a crear dentro de su organización, una oficina o departamento encargado de la gestión de las solicitudes de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitados tanto por sus empleados como por terceros de los que disponga datos de carácter personal (clientes, proveedores, candidatos a un puesto de trabajo, etc).

Una mala gestión de estos derechos o una contestación fuera de plazo a la petición realizada por el afectado, puede provocar la presentación de una denuncia por aquel ante la Agencia Española de Protección de Datos, y la iniciación por el citado Órgano de un procedimiento de tutela de derechos contra la empresa.

Además, de probarse durante la tramitación del citado procedimiento que se ha producido por la empresa una obstaculización del derecho solicitado por el afectado, la Agencia Española de Protección de Datos podría iniciar contra el responsable del tratamiento, una vez finalizado el tutela de derechos, un procedimiento sancionador e imponer a la empresa una multa cuya cuantía podría oscilar entre los 60.101,21 a 601.012,10 euros.